TRENTON – El fiscal general interino Andrew J. Bruck y el comisionado del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) Shawn M. LaTourette anunciaron hoy la presentación de siete nuevas acciones de cumplimiento ambiental en todo el estado, incluyendo seis para responsabilizar a los contaminadores por la contaminación en las comunidades de justicia ambiental.

Cinco de las seis demandas de justicia ambiental presentadas hoy se centran en la contaminación dañina que representa una amenaza para los residentes y los recursos naturales en Camden, Irvington, Jersey City, Newark y Somerville. Cada una de estas comunidades se considera “sobrecargada” bajo la Ley de Justicia Ambiental de Nueva Jersey porque tienen una población significativa de bajos ingresos, minorías y / o con dominio limitado del inglés.

La sexta demanda de justicia ambiental se centra en tanques de almacenamiento de combustible subterráneos sospechosos ubicados en tres propiedades de gasolineras propiedad del mismo acusado. Dos de esas estaciones de servicio están ubicadas en ciudades del condado de Camden clasificadas como sobrecargadas: Runnemede y Voorhees. Una tercera estación de servicio se encuentra en Pitman (condado de Gloucester), que no se considera sobrecargada.

La séptima demanda presentada hoy se centra en una gasolinera abandonada en Mays Landing (Condado de Atlantic), donde un sistema no registrado y no monitoreado de tanques subterráneos de almacenamiento de combustible que contienen una cantidad significativa de gasolina y combustible diésel representa un riesgo de derrame y contaminación.

Además de anunciar las nuevas demandas de hoy, el fiscal general interino Bruck y el comisionado LaTourette proporcionaron una actualización sobre el Programa municipal de penalización del Programa de Remediación de Sitios del DEP. Lanzada en 2018, la iniciativa municipal de penalización refleja el compromiso del Estado de responsabilizar rápidamente a los contaminadores y obtener alivio para las comunidades sobrecargadas.

“La contaminación nos afecta a todos, pero no nos afecta por igual”, dijo el fiscal general interino Bruck. “Los vecindarios de bajos ingresos han estado desproporcionadamente expuestos a daños ambientales. Y con demasiada frecuencia, las comunidades más afectadas por estos daños han sido las comunidades de color. Ese legado de injusticia ambiental es la razón por la cual, aquí en Nueva Jersey, la Administración Murphy está priorizando las limpiezas ambientales en estos vecindarios sobrecargados”.

“Por demasiado tiempo, nuestros residentes en comunidades de minorías y bajos ingresos han llevado una carga desproporcionada de la contaminación que todos juntos creamos”, dijo el comisionado del DEP, LaTourette. “Con el liderazgo del gobernador Murphy, Nueva Jersey está cambiando el rumbo y implementando la ley de justicia ambiental más fuerte del país. Sin embargo, debemos tener en cuenta la contaminación del pasado y, a través de acciones como las que tomamos hoy, responsabilizar a aquellos que han dañado a las comunidades ya sobrecargadas. Mis colegas del DEP y yo agradecemos al fiscal general interino Bruck por su colaboración al considerar las amenazas ambientales a cualquier comunidad de Nueva Jersey como una amenaza para toda nuestra comunidad de Nueva Jersey”.

La mayoría de las propiedades en cuestión en las demandas de hoy están contaminadas con productos derivados del petróleo y otros contaminantes químicos conocidos por causar problemas de salud, incluidos ciertos tipos de cáncer, reducción de la función pulmonar, trastornos del sistema nervioso central, problemas renales, trastornos neurológicos y problemas reproductivos. Además, muchas de las propiedades representan un peligro público y una molestia continua para los residentes locales al generar polvo, olores, escorrentía de aguas pluviales contaminadas y otros problemas.

Colectivamente, las demandas involucran una amplia gama de supuestos abusos ambientales por parte de los demandados, operadores comerciales y otras partes responsables, incluyendo, pero sin limitarse a:

• La falta de remediación de bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos de petróleo (PHC), tolueno, combustibles y metales pesados nocivos que se encuentran en la tierra y las aguas subterráneas de un sitio industrial que bordea el frágil ecosistema del río Delaware, así como el vertido directo en el río Delaware de cientos de yardas cúbicas de material de relleno no analizado;
• La creación de una reserva ilegal de más de 300.000 yardas cúbicas de vidrio triturado, mezclado con plástico, papel, restos de alimentos y otros desechos, que continúa amenazando el medio ambiente y la salud pública al contaminar la escorrentía de aguas pluviales del sitio, así como causar polvo y olores desagradables; y
• No asegurar múltiples tanques de almacenamiento de combustible de 10.000 galones sobre la tierra a sus bases, ocasionó que se derrumbara durante una fuerte tormenta y derramando combustible que, transportado por las aguas de la inundación, fluyó fuera del sitio y contamino casas y negocios cercanos, así como muchos lápidas de tumbas y estatuas religiosas en un cementerio vecino. El combustible también fluyó hacia el río Raritan, contaminando aguas subterráneas que continúa representando una preocupación para los residentes de la zona.

Incluyendo las demandas anunciadas hoy, la Oficina del fiscal general interino y el DEP han presentado un total de 45 casos de justicia ambiental desde el 2018. Hasta la fecha, las demandas han producido casi $20 millones en juicios.

Además, muchos de los casos han resultado en órdenes judiciales que exigen a las partes responsables que protejan la salud pública y el medio ambiente remedien las propiedades en cuestión. Tales órdenes también son importantes fiscalmente, ya que aseguran que los contaminadores, no los residentes de Nueva Jersey, asuman el costo de limpiar la contaminación dañina.

Las siete demandas de hoy buscan una variedad de recursos dirigidos por el tribunal, que incluye la limpieza de las propiedades contaminadas, el pago al Estado de sanciones civiles, el cumplimiento de los acuerdos previamente alcanzados con DEP y el reembolso al Estado por el costo de la investigación del sitio, la remediación, el monitoreo y otros trabajos relacionados.

Los casos incluyen:

Camden Shipyard, Camden (Justicia Ambiental)

La demanda del estado se centra en un sitio contaminado a lo largo de las orillas del río Delaware en 75 Erie Street en Camden. Entre 1966 y 2012, Camden Ship Repair Inc. eran los dueños de la propiedad y operó como una instalación de reparación y renovación de barcos. Las operaciones históricas en el sitio han dejado en la tierra y las aguas subterráneas en el sitio contaminadas con PCB (bifenilos policlorados), PHC (hidrocarburos de petróleo), tolueno, combustibles y metales pesados. Según la denuncia, el DEP también descubrió en 2019 que entre 60,000 y 80.000 yardas cúbicas de material de relleno se habían importado al sitio sin autorización del DEP y se habían colocado incorrectamente dentro de un Área de Peligro de Inundación y un Área de Desarrollo de Upland Waterfront. En julio de 2020, el DEP se enteró además de que 200 yardas cúbicas de material de relleno habían sido arrojadas a las aguas abiertas del río Delaware desde el sitio.

La demanda de hoy alega violaciones de la Ley de Compensación y Control de Derrames de Nueva Jersey (Ley de Derrames) por parte de Camden Ship Repair, el actual propietario del sitio 75 Erie Street LLC y otros dos propietarios anteriores. La demanda también alega violaciones de la Ley de Control de la Contaminación del Agua (WPCA, por sus siglas en inglés) del Estado y la Ley de Recuperación de Sitios Industriales (ISRA, por sus siglas en inglés) por parte de Camden Ship Repair. La demanda busca una orden judicial que requiera que 75 Erie Street LLC analice y presente un plan para eliminar el relleno no autorizado en la propiedad y pagar los casi $90.000 en una orden final del DEP que el Estado alega que la compañía no ha pagado. La demanda también busca obligar a Camden Ship Repair a detener todas las descargas de sustancias peligrosas que afectan la calidad del agua y exigir a todos los acusados que remedien la contaminación en el sitio.

Fast Oil Co., Newark (Justicia Ambiental)

La demanda del Estado alega que Fast Oil Co. está exponiendo a los residentes de 126 Passaic Street en Newark a peligros ambientales y de salud pública al no cumplir con las órdenes del DEP sobre un tanque de almacenamiento sobre la tierra de 300.000 galones. El tanque está lleno principalmente de aguas residuales peligrosas, que la compañía ahora está mezclando con aceite de cocina y enviando a un proveedor de biodiesel sin obtener los permisos del DEP requeridos. Según la demanda de hoy, el tanque contiene plata, bario y 2-butanona (metiletilcetona), todos los cuales son sustancias peligrosas reguladas. Se sabe que las sustancias representan amenazas para la salud humana, incluyendo problemas respiratorios, irritación pulmonar y de garganta, debilidad muscular y problemas del sistema nervioso central. Fast Oil anteriormente no proporcionó a DEP los planes de prevención y limpieza de descargas requeridos, y posteriormente firmó una Orden de Consentimiento Administrativo (ACO) con DEP que requiere que elimine todas las aguas residuales del tanque o presente los planes requeridos dentro de 120 días.  Fast Oil luego no cumplió con la ACO, y DEP posteriormente descubrió las operaciones de aguas residuales / aceite de cocina no permitidas de la compañía.

La demanda busca obligar a los demandados a vaciar el tanque, reparar el sistema de contención que rodea el tanque, detener inmediatamente las operaciones ilegales de importación y procesamiento de desechos sólidos y pagar multas civiles. Los demandados en el caso que no sean Fast Oil incluyen a Aryeh Weinstein (presidente de Fast Oil), W.A.S. Terminals (un propietario anterior del sitio) y Eastern Biofuels, LLC (otro propietario anterior del sitio). La demanda alega violaciones de la Ley de Derrames, ISRA y la Ley de Manejo de Residuos Sólidos de Nueva Jersey (SWMA, por sus siglas en inglés)

Pace Glass, Inc., Jersey City (Justicia Ambiental)

La demanda del estado alega que Pace Glass, Inc., opera una instalación ilegal de desechos sólidos en Jersey City almacenando grandes pilas amontonadas de vidrio triturado en dos propiedades diferentes: el sitio de Caven Point Avenue y el sitio de Bishop Street. Según la denuncia, solo Caven Point Avenue Site contiene una reserva de 40 pies de altura de aproximadamente 300.000 yardas cúbicas de material de vidrio triturado, que se mezcla con plástico, papel, restos de alimentos y otros desechos sólidos. El DEP en 2020 tomó medidas administrativas contra Pace Glass and Reliable Paper Recycling, Inc., el dueño de la propiedad de Caven Point Avenue, por el almacenamiento ilegal de material de vidrio triturado, pero las pilas amontonadas de vidrio permanecen en las propiedades.

La demanda de hoy alega que las reservas de vidrio triturado mezclado con otros desechos sólidos de Pace están causando la escorrentía de aguas pluviales contaminadas, lo que a su vez pone en peligro el medio ambiente y la salud pública. El vidrio almacenado también es una fuente de polvo y olores que afectan la calidad de vida de los residentes cercanos, y se produjeron múltiples incendios en el sitio en mayo de 2021, amenazando directamente la seguridad pública. La demanda de hoy busca una orden judicial que ordene a Pace y otros acusados que retiren las pilas amontonadas de vidrio triturado, remedien la contaminación en los sitios y paguen multas del DEP bajo la SWMA y WPCA. Otros acusados en el caso incluyen a Efstathios Valiotos (propietario de Pace), Reliable Paper Recycling, Inc., Bishop-Johnston, LLC (propietario de la propiedad de Bishop Street) y Caven Point Road Associates (propietario de la propiedad de Caven Point Avenue).

Richards Fuel Oils, Inc., Somerville (Justicia Ambiental)

La demanda del Estado busca la rendición de cuentas de Richards Fuel Oils, Inc. por la contaminación que ocurrió en septiembre de 1999, cuando cuatro tanques de almacenamiento sobre el suelo propiedad de los acusados fueron derribados por la tormenta tropical Floyd, descargando combustible sobre la propiedad en Holly Glen Road en Somerville. Según la queja del Estado, el petróleo derramado migró fuera del sitio a los humedales adyacentes y al cementerio de Somerset, así como a las casas y negocios cercanos a lo largo de Bridge Street. Transportado por las aguas de la inundación, también fluyó por 5th Street antes de viajar a Peter’s Brook, un afluente del río Raritan. Richards Fuel Oils, Inc. firmó un Memorando de Acuerdo (MOA) con el DEP hace años para remediar la contaminación relacionada con el derrame y la compañía tomó algunas medidas iniciales bajo ese MOA para remediar el daño. Sin embargo, no ha podido cumplir y completar la corrección.

La remoción de tanques de almacenamiento subterráneos que contenían productos derivados del petróleo en la propiedad en junio de 2000 reveló contaminación adicional de las aguas subterráneas, incluyendo hasta tres pies de productos derivados del petróleo en los pozos de monitoreo. La demanda de hoy afirma que el alcance total de la contaminación de productos derivados del petróleo en el sitio sigue sin determinarse. Además de Richards Fuel Oils, Inc., el presidente de la compañía y accionista mayoritario John J. McCaffrey es un acusado. La demanda de hoy presenta reclamos bajo la Ley de Derrames, la WPCA y la Ley de Almacenamiento Subterráneo de Sustancias Peligrosas. Busca garantizar la limpieza del sitio, evitar una mayor migración de productos derivados del petróleo fuera del sitio y recuperar costos y sanciones. Los altos niveles de contaminación por Fuel Oils, Inc. en la propiedad son de particular preocupación, señala la queja de hoy, debido al potencial de intrusión de vapor dañino en los complejos de apartamentos cercanos South Bridge Gardens y Lauren Gardens.

Gulf Oil – AAR Fuel, Irvington (Justicia Ambiental)

Esta demanda involucra a tres tanques de almacenamiento de gasolina sin plomo subterráneos de 10.000 galones abandonados en el sitio de una antigua estación de servicio Gulf Oil-Delta en 1359 Springfield Avenue en Irvington, propiedad de Raees y Khadija Sheikh y operada por AAR Fuel, LLC. Las inspecciones del DEP de la estación de servicio entre 2008 y 2017 revelaron numerosas violaciones, alega la queja de hoy, incluida la falta de garantía de responsabilidad financiera, proteger los tanques y las tuberías de la corrosión, o tener un sistema operativo de detección de fugas. A pesar de firmar una ACO con el DEP en 2017, parar las operaciones, pagar las multas requeridas, AAR Fuel y Raees Sheikh aún no han cerrado o eliminado el sistema de tanques subterráneos como se requería. Estos tanques de almacenamiento abandonados y no monitoreados representan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente debido a su potencial de fugas.

La demanda de hoy alega que AAR Fuel y Sheikh tampoco han completado la investigación y remediación de la contaminación de la tierra, incluidos el benceno, los xilenos y el MTBE, que se informó al DEP en 1999. Como señala la demanda, la exposición humana a la gasolina puede causar mareos, náuseas, daño a los órganos internos y daño a la función cognitiva. La demanda de hoy alega violaciones de la Ley de Almacenamiento Subterráneo de Sustancias Peligrosas (Ley UST, por sus siglas en inglés), la Ley Brownfields, el SRRA y una orden final de la agencia del DEP. La demanda busca obligar a los demandados a retirar los tanques fuera de servicio, investigar y remediar toda la contaminación en el sitio, pagar sanciones civiles y reembolsar los costos del Estado.

Chatterpal Singh – Extra Gas Stations, Runnemede/Voorhees/Pitman (Justicia Ambiental)

La queja del Estado se centra en un total de 10 tanques subterráneos de almacenamiento de combustible fuera de servicio ubicados en tres propiedades diferentes de gasolineras propiedad del acusado Chatterpal Singh. Dos de las estaciones de servicio se encuentran en comunidades ambientalmente sobrecargadas en el condado de Camden: Runnemede y Voorhees. La tercera estación de servicio, en Pitman, condado de Gloucester, es parte de la demanda, pero no está ubicada en una comunidad designada por el Estado como sobrecargada.

Según la denuncia de hoy, el DEP emitió una Orden Administrativa y Evaluación de Sanciones Administrativas Civiles (AONOCAPA) contra Singh en 2020, citando un total de 38 violaciones de las normas ambientales que rigen los tanques subterráneos en sus tres estaciones de servicio. Entre otras violaciones, Singh fue citado por no registrar los tanques de almacenamiento, no mantener evidencia de garantía de responsabilidad financiera y no realizar un monitoreo adecuado de detección de fugas.

Singh no solicitó una audiencia sobre las presuntas violaciones, y la AONOCAPA se convirtió en una Orden Final de la Agencia. La queja de hoy alega violaciones de la Ley UST y una orden final de la agencia del DEP. Busca obligar a Singh a retirar los 10 tanques de almacenamiento fuera de servicio de conformidad con la FAO, investigar la posible contaminación en los sitios y pagar sanciones civiles.

Baja Auto Services, Mays Landing

La demanda del Estado alega que una estación de servicio abandonada en 5803 Main Street en Mays Landing, propiedad del demandado Baja Auto Services, Inc., es el sitio de un sistema de tanques de almacenamiento subterráneo que contiene cantidades significativas de gasolina y combustible diesel, creando un riesgo de descarga accidental y contaminación. Además, alega la queja, el sistema del tanque de almacenamiento no está monitoreado y carece de controles básicos de prevención de derrames. Los acusados en la demanda incluyen Baja Auto Services, Inc. y el patrimonio de Jeff Altman, el propietario fallecido de Baja Auto Services.

La queja de hoy busca una orden que requiera que Baja Auto Services cierre y retire correctamente los tanques de la propiedad. Además, la demanda busca obligar a Baja Auto Services a investigar y remediar todas las descargas de sustancias peligrosas en y desde el sitio y pagar las multas de reparación pendientes, los costos del DEP y las sanciones civiles. La queja alega violaciones de la Ley UST y la Ley de Derrames.

Con el fin de proteger al público de la amenaza inmediata que representan la gasolina y el diesel en un sistema de tanques subterráneos abandonado y no monitoreado, el Estado también presentó hoy una Orden para Mostrar Causa pidiendo al tribunal que emita una orden judicial preliminar ordenando a los acusados vaciar inmediatamente los tanques.

Programa Municipal de Multas

El Fiscal General interino Bruck y el Comisionado del DEP LaTourette también han estado promoviendo la justicia ambiental en Nueva Jersey a través de acciones de cumplimiento presentadas en los tribunales municipales de comunidades de minorías, de bajos ingresos y con dominio limitado del inglés en todo el estado.

Como parte del Programa Municipal de Multas, DEP presenta acciones en el tribunal municipal para sanciones civiles de hasta $50.000 por día de violación contra las partes responsables de una descarga de una sustancia peligrosa si no toman las medidas requeridas para garantizar que la contaminación se investigue y remedie en los plazos aplicables. Al presentar estos casos en los tribunales municipales, el Estado puede llevar rápidamente estos casos ante un juez y, a menudo, resolverlos rápidamente. Estas acciones a menudo se resuelven a través de órdenes de consentimiento administrativo, en las que las partes responsables acuerdan cumplir con los plazos revisados para completar la limpieza y pagar multas reducidas.

A través de este programa, el Estado se asegura de que muchos sitios descuidados y contaminados en comunidades sobrecargadas sean remediados por las partes responsables, protegiendo a los residentes de la exposición a sustancias peligrosas y evitando costos adicionales para los contribuyentes de Nueva Jersey.

A continuación, algunos ejemplos del programa en curso:

• A principios de este año, DEP firmó un acuerdo con el propietario del Sitio de la Estación Colonial en Paterson, donde se descubrieron sustancias químicas relacionadas con la gasolina en las aguas subterráneas. DEP ingresó una OAC con el propietario a través de la cual el propietario acordó cumplir con los plazos revisados de reparación y pagar una multa civil de $12.500.

• Del mismo modo, en el sitio de 61 Spruce Street Holdings en Paterson, donde se encontraron componentes de gasolina en el suelo y las aguas subterráneas, DEP ingresó a una ACO con el propietario, quien acordó remediar el sitio contaminado y pagar una multa de $5.000, más el costo de los gastos de supervisión de emergencia anteriores de DEP y los costos de supervisión continuos.

• En el sitio de Bill’s Gas & Go en Camden, DEP descubrió productos químicos relacionados con la gasolina en el suelo y las aguas subterráneas. Posteriormente, el Estado firmó una ACO con los propietarios a través de la cual los propietarios acordaron cumplir con los plazos correctivos revisados y pagar una multa civil de $12.500.

Desde enero de 2020, se han emitido un total de 55 multas municipales en comunidades sobrecargadas. Si bien los litigios continúan en muchos de esos casos, al menos 18 se han resuelto mediante la ejecución de una ACO, y otros casos han dado lugar a la imposición de sanciones a las partes responsables.

Las acciones de cumplimiento de hoy están siendo manejadas por la Sección de Cumplimiento Ambiental y Justicia Ambiental (EEEJ, por sus siglas en inglés) dentro del Grupo de Práctica de Aplicación Civil Afirmativa de la División de Derecho, incluido el Fiscal General Adjunto Aaron Kleinbaum, el Jefe de Sección Gary Wolf, los Jefes de Sección Adjuntos Jessica Palmer y Paul Stofa, y los Fiscales Generales Adjuntos Lisa Morelli, J. Matthew Novak, Samuel R. Simon, Michael Steven Spinello,  Jonathan S. Sussman, Kevin A. Terhune, Andrew P. Verdone y Richard Wille.

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